Fotografía: Redacción CIgdl.
• La consigna ciudadana de 2022 advertía sobre la captura del árbitro electoral. Hoy, los videos sobre Guadalupe Taddei, los contratos bajo investigación y la salida de funcionarios de su entorno muestran hasta dónde puede llegar el poder cuando se debilitan los contrapesos.
“El INE no se toca”. La consigna parecía exagerada para quienes desde el poder defendían una reforma electoral en nombre de acabar con privilegios. La sociedad civil advertía, en cambio, que se buscaba debilitar la autonomía del árbitro y concentrar decisiones.
Cuatro años después, la pregunta ya no es si el INE se tocó. Es quién lo tocó y con qué consecuencias.
El video difundido por Latinus coloca el caso de Guadalupe Taddei en otra dimensión. En la grabación aparece junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien habla de contratos, porcentajes y cantidades vinculadas con negocios del instituto. “Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?”, se le escucha decir.
No es una sentencia judicial, pero sí material que exige investigación. ¿Qué hacía la entonces presidenta del INE en una conversación donde un contratista hablaba de distribuir ganancias relacionadas con el organismo que debía garantizar la imparcialidad electoral?
Taddei llegó a la presidencia en abril de 2023. En 2024 obtuvo facultades para nombrar directamente a titulares de áreas ejecutivas, reduciendo el peso de las decisiones colegiadas. Después vino su renuncia y la salida de funcionarios de su entorno: al 3 de noviembre se reportaban 30 bajas de personas nombradas durante su gestión, además de revisiones en áreas estratégicas.
La crisis no nació con Taddei ni termina con ella. Se prometió acabar con los privilegios y terminó reproduciéndose una vieja práctica: colocar cercanos, concentrar decisiones y tratar las instituciones como espacios de control político.
Por eso el caso del INE no puede leerse como un episodio aislado de presunta corrupción. Es un síntoma de lo que ocurre cuando los contrapesos se debilitan y la vigilancia se vuelve incómoda para quienes gobiernan. La simulación ocupa el lugar de la transparencia; el cinismo sustituye a la rendición de cuentas y la lealtad al grupo puede terminar pesando más que la responsabilidad pública.
La advertencia de 2022 iba justamente por ahí. Y no era una preocupación exclusiva de la oposición. Organizaciones civiles, especialistas y ciudadanos señalaron que desmontar controles podía abrir la puerta a una regresión democrática. Los medios de investigación siguieron documentando relaciones y contratos que las autoridades ahora tienen la obligación de esclarecer. Una vez más, el periodismo puso los datos sobre la mesa antes de que las instituciones ofrecieran respuestas suficientes.
El contexto regional tampoco es menor. México conserva elecciones competidas y alternancia política, pero los indicadores internacionales registran un deterioro de sus garantías democráticas. Freedom House lo clasifica como un país “parcialmente libre”; el análisis comparativo de índices incluido en un informe del Congreso estadounidense recoge que V-Dem lo ubica en la categoría de autocracia electoral. No significa que México sea una dictadura consumada, pero sí que existen señales de debilitamiento que no deberían minimizarse.
El daño potencial alcanza la confianza en las elecciones. Lo ocurrido durante la gestión de Taddei no demuestra que los resultados de 2024 fueran fraudulentos, pero obliga a exigir garantías para 2027: quién controla el padrón, protege los datos personales, contrata los servicios electorales y vigila esas decisiones.
La nueva presidencia del INE, encabezada provisionalmente por Blanca Cruz, tiene una tarea que va más allá de sustituir funcionarios. Debe recuperar la colegialidad, transparentar las contrataciones y permitir que las investigaciones lleguen hasta donde conduzcan las pruebas. Sin protección política, sin excepciones por apellido y sin convertir las auditorías en un mecanismo para ganar tiempo.
En 2022 se gritó “el INE no se toca” porque la democracia necesitaba un árbitro independiente. Hoy la consigna adquiere otro sentido: no se puede permitir que el árbitro termine sometido a los intereses de quienes debían garantizar su autonomía.
La democracia no se pierde de un día para otro. Se debilita cuando se concentran facultades, se silencian advertencias y se confunde la mayoría con un permiso para hacer cualquier cosa.
El INE no se tocaba para proteger el voto. Ahora hay que proteger al INE de quienes lo tocaron. Y, sobre todo, proteger la democracia de la idea de que tener todo el poder significa no tener que rendir cuentas.
@JErnestoMadrid
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