Fotografía: Redacción CIgdl.
Claudia Sheinbaum pidió no cargarle a Morena el costo de la crisis del INE: “No nos vengan ahora a decir que el problema es Morena”. Pero al pedir que se investigue también la gestión de Lorenzo Córdova, abre una revisión que no puede limitarse a la salida de Guadalupe Taddei.
Porque Taddei tampoco llegó sin respaldo político. Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México; Claudia Sheinbaum, a su llegada a la jefatura del ejecutivo y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional, respaldaron públicamente su perfil y su llegada al INE. Su designación se concretó en marzo de 2023 mediante insaculación en la Cámara de Diputados, después de que las fuerzas políticas no alcanzaran un acuerdo. El Tribunal Electoral confirmó el nombramiento.
Ese respaldo no prueba responsabilidad en las irregularidades que hoy se investigan. Pero sí vuelve pertinente preguntar qué evaluación hicieron de la persona a la que defendieron y qué explicación exigen ahora sobre la gestión que encabezó.
La nueva presidenta provisional, Blanca Cruz, freno y anunció la revisión de contratos y nombramientos de la administración de Taddei y la entrega de información a las autoridades fiscalizadoras. La revisión debe alcanzar también los años de Córdova, como pidió Sheinbaum.
En la gestión de Córdova hay observaciones que no pueden quedar fuera. En abril de 2024, el Órgano Interno de Control reportó irregularidades por más de 400 millones de pesos. Entre los casos cuestionados figuró un proyecto de memoria institucional por 11.6 millones de pesos. Esas observaciones dieron lugar a investigaciones, pero no constituyen por sí mismas una sentencia contra el exconsejero presidente.
A ello se suman los datos sobre el presupuesto de 2014 a 2023: el órgano de control reportó 10 mil 515 millones de pesos en remanentes presupuestales, de los cuales 4 mil 79 millones fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. No es prueba automática de desvío, pero sí una razón para revisar cómo se presupuestó y ejerció el dinero público.
La auditoría también debe mirar el gasto en comunicación social. En 2014, cuando Alberto García Sarubbi encabezaba la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, Fundar y Artículo 19 documentaron que el gobierno federal gastó en publicidad oficial 48% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Su análisis identificó además concentración de recursos en grandes empresas de televisión que plantean una pregunta inevitable sobre el organismo electoral: ¿cuánto gastó en comunicación social, a qué medios y proveedores, y bajo qué criterios?
La revisión debe llegar también a los proveedores. El Universal reportó este martes que Talleres Gráficos de México otorgó 32 contratos por más de 278.3 millones de pesos a Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Corporativo Zeg, empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera por posibles irregularidades en contrataciones. La investigación debe determinar si hubo simulación de competencia y qué responsabilidades, en su caso, pueden acreditarse.
El dato adquiere relevancia política porque Arturo Manuel Chávez López, quien dirigió Talleres Gráficos desde octubre de 2025 por designación de la administración de Claudia Sheinbaum, fue nombrado consejero electoral en abril de 2026 y figura entre los perfiles mencionados para presidir el INE. Los contratos referidos corresponden a 2017-2021, antes de que Chávez asumiera la dirección; por tanto, no se le pueden atribuir por ese solo hecho. Pero sí es indispensable aclarar los antecedentes de contratación y los vínculos de las empresas con el sistema electoral.
La auditoría no puede convertirse en una disputa para decidir “a quién cargarle el muerto” y no basta con defender a Morena ni con señalar a la administración anterior y, quienes respaldaron a Taddei también deben explicar por qué confiaron en su gestión, sin que ese respaldo los convierta automáticamente en responsables de lo que ahora se investiga.
@JErnestoMadrid
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