Fotografía: Redacción CIgdl.
• Los contratos bajo investigación, la relación con un proveedor y el cambio de identidad visual del instituto exhiben una crisis que rebasa a Guadalupe Taddei. El relevo también pone en juego el control político del árbitro electoral rumbo a 2027.
La crisis de Guadalupe Taddei tiene dos dimensiones: las presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del Instituto Nacional Electoral y el uso político de una presidencia a la que Morena ayudó a concentrar facultades. El escándalo no sólo cuestiona la gestión de Taddei; también obliga a revisar quién la colocó en esa posición, quién amplió su poder y quién pretende ocupar ahora su lugar.
Las investigaciones periodísticas sobre contratos del INE señalaron vínculos entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, que llegan a un desvió que supera los mil millones de pesos del erario, relacionado con empresas proveedoras del organismo. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga una red de siete compañías por posibles operaciones de simulación de competencia y triangulación de recursos; se ha reportado el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con la indagatoria. Son hechos que exigen explicaciones y una investigación completa.
El problema no surgió de la nada. Los reportes sobre contrataciones y relaciones con proveedores se sumaron a los cuestionamientos por nombramientos administrativos y posibles conflictos de interés. La Auditoría Superior de la Federación y las autoridades financieras deben determinar si hubo irregularidades, quién tomó las decisiones y cuantificar el daño al erario. La renuncia o el relevo de una funcionaria no puede sustituir esa investigación.
Pero hay otro hecho políticamente relevante: el INE también cambió de rostro bajo Taddei. La modificación de colores e identidad visual, asociada públicamente con el tono lila de Clara Brugada, generó cuestionamientos porque el árbitro electoral debe preservar no sólo su autonomía jurídica, sino también una apariencia inequívoca de imparcialidad. El color, por sí solo, no demuestra una operación electoral a favor de Brugada, pero si exhibe una contradicción y una secuencia de decisiones controvertidas, sí alimenta dudas sobre el criterio con el que se condujo la institución.
La concentración de poder fue más trascendente. La reforma que entregó a la presidencia del INE facultades para nombrar funcionarios que antes se decidían colegiadamente debilitó los contrapesos internos. En esa operación se ha señalado el papel del diputado Sergio Gutiérrez Luna, mientras que Alfonso Durazo aparece en el entorno político que respaldó la llegada de Taddei. La responsabilidad pone en evidencia su cercanía con el poder y el partido, los intereses ocultos de cada actor y la manera en que se tomaron esas decisiones.
La contradicción es evidente: un organismo cuya razón de ser es garantizar elecciones confiables terminó envuelto en cuestionamientos sobre contrataciones, vínculos personales y concentración de atribuciones. Y cuanto más poder se concentra en una sola oficina, más grave se vuelve la obligación de rendir cuentas.
Por eso la pregunta no es únicamente si Taddei debía irse. Es si su salida responde a la necesidad de esclarecer las irregularidades o a una disputa interna por el control del instituto. La hipótesis de que la lealtad política pesó más que la probidad debe examinarse a la luz de la secuencia de decisiones, las presiones públicas y el proceso de sucesión, que demostrará hasta dónde puede llegar la concentración del poder.
El relevo también importa. Si se impone un perfil por su cercanía con el gobierno, sin experiencia suficiente ni garantías de independencia, el cambio será de nombre, no de fondo. El INE necesita una presidencia capaz de conducir elecciones, sobre todo en las próximas elecciones intermedias en donde estará en entredicho la concentración del poder que Morena a acumulado, además de respetar las decisiones colegiadas y transparentar cada contratación, no convertirse en extensión de ninguna fuerza política.
La prueba será sencilla de enunciar y difícil de evadir: que las auditorías lleguen hasta donde conduzcan los documentos, que las responsabilidades se determinen sin protección partidista y que la sucesión no se resuelva como un reparto de posiciones.
Porque si la salida de Taddei sirve para cerrar el escándalo sin esclarecer los contratos, la institución habrá cambiado de presidenta sin recuperar la confianza. Y si el relevo sólo garantiza que el control pase a otras manos, el problema del INE seguirá intacto.
@JErnestoMadrid
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