Fotografía: Redacción CIgdl.
• México, ¿cómo vamos? advierte que 57.6% de quienes necesitaron atención médica recurrió a servicios privados en 2024. Aunque el PEF 2027 propone más recursos, persisten rezagos hospitalarios, desigualdad y desabasto. Las protestas del IMSS ponen a Zoé Robledo bajo presión.
México no llegó al sistema de salud universal prometido por Andrés Manuel López Obrador. La desaparición del Seguro Popular, el fallido Insabi y la creación del IMSS-Bienestar no consolidaron un modelo capaz de garantizar atención oportuna, medicamentos y servicios de calidad. El resultado es un sistema fragmentado que obliga a millones de familias a pagar para atenderse.
La urgencia está documentada. México, ¿cómo vamos?, con datos de la ENIGH 2024, advierte que 57.6% de las personas que necesitaron atención médica acudió a servicios privados, frente a 40.6% que utilizó instituciones públicas. Además, 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud. La organización considera impostergable fortalecer el financiamiento público, precisamente cuando se aprobo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.
El proyecto contempla alrededor de 1.14 billones de pesos para salud, con un aumento real de 10.6% respecto de 2026 y un gasto equivalente a 2.9% del PIB. Es un avance, pero insuficiente frente al rezago acumulado y la referencia de 6% del PIB recomendada por la Organización Panamericana de la Salud para avanzar hacia la cobertura universal.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que el aumento no elimina las carencias hospitalarias ni las desigualdades. Para 2027, estima un gasto por persona de 11,519 pesos en el IMSS ordinario, frente a 5,523 pesos en el IMSS-Bienestar: más del doble para quienes cuentan con seguridad social laboral.
La crisis también se refleja en la prevención. Solo 46.3% de las mujeres de 50 años y más reportó haberse realizado una mamografía en los dos años previos. Sin detección oportuna, medicamentos y tratamientos accesibles, el costo de enfermarse termina trasladándose al paciente.
Zoé Robledo, bajo presión por el desabasto
Las protestas de trabajadores del IMSS por salarios, falta de medicamentos e insumos colocaron a su director, Zoé Robledo, en el centro de la crisis. Este lunes, Claudia Sheinbaum aseguró que su permanencia no estaba en duda, pero exigió resolver las demandas y anunció que el secretario de Hacienda, Édgar Amador, revisaría con él una nueva propuesta salarial.
La inconformidad no es menor: los trabajadores rechazaron una oferta que contemplaba 2.9% de aumento al tabulador y 3.9% en prestaciones. Sin embargo, el conflicto no se limita al salario: también exige personal suficiente, equipo funcional y abasto oportuno.
A las fallas operativas se suman señalamientos sobre las compras de medicamentos. En su columna Sabotajes contra medicamentos, publicada en El Financiero el 15 de octubre, Raymundo Riva Palacio recogió versiones de fuentes de la industria que atribuyen parte del desabasto a decisiones internas del IMSS y a descalificaciones de ofertas más económicas durante licitaciones. Se trata de señalamientos que requieren pruebas y una investigación independiente, no de responsabilidades demostradas.
Pero la pregunta es inevitable: si el problema es únicamente la burocracia o el incumplimiento de proveedores, ¿quién responde por las compras fallidas, las recetas incompletas y los pacientes que deben pagar medicamentos por fuera? Robledo tiene la obligación de transparentar los procesos y demostrar resultados. El respaldo presidencial no sustituye la rendición de cuentas.
La factura de una reforma inconclusa
La comparación con Dinamarca exhibe la distancia entre la promesa y la realidad: un sistema universal no se construye cambiando instituciones de nombre, sino garantizando financiamiento, personal, infraestructura y atención sin importar la condición laboral.
México, ¿cómo vamos? también advierte que el margen presupuestal está limitado por obligaciones como las pensiones y el costo financiero de la deuda. En 2027, este último se estima en 1.575 billones de pesos, equivalente a 4% del PIB. La discusión no es solo cuánto gastar, sino qué prioridades proteger y cómo asegurar que cada peso llegue a los servicios.
El aumento presupuestal será insuficiente si no se traduce en hospitales operativos, medicamentos disponibles y atención preventiva. La prueba para Sheinbaum y Robledo no está en sus anuncios: está en las recetas surtidas, los diagnósticos oportunos y el dinero que las familias dejan de desembolsar para curarse.
@JErnestoMadrid
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