Fotografía: Redacción CIgdl.
• El gobierno federal desplegó mil 557 elementos del Ejército y Guardia Nacional para recuperar la confianza de Estados Unidos y reactivar las inspecciones al “oro verde”; la crisis revela un problema de seguridad, extorsión y control criminal que México arrastra desde hace años y que la administración de Claudia Sheinbaum busca corregir bajo presión de Washington.
La suspensión temporal de las inspecciones sanitarias al aguacate mexicano por parte de Estados Unidos volvió a colocar sobre la mesa uno de los problemas más complejos de la relación bilateral: la incapacidad del Estado mexicano para garantizar condiciones de seguridad en regiones estratégicas para la economía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan conjunto con productores de Michoacán para reforzar la seguridad en las zonas aguacateras y gestionar, a través de la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, la reanudación de las revisiones sanitarias estadounidenses que permiten la exportación del llamado “oro verde” hacia el principal mercado consumidor del mundo.
La respuesta inmediata del gobierno federal fue el despliegue de mil 557 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional: 900 efectivos militares y 657 integrantes de la corporación de seguridad federal que tendrán presencia en huertos, empacadoras, carreteras y puntos estratégicos de traslado.
Pero detrás del operativo existe un problema más profundo que va mucho más allá de una suspensión sanitaria. El conflicto exhibe una realidad que durante años ha golpeado a los productores michoacanos: la presencia del crimen organizado en una industria que genera alrededor de 4 mil millones de dólares anuales en exportaciones hacia Estados Unidos.
El aguacate mexicano se convirtió en un negocio demasiado rentable para quedar fuera de la disputa criminal. Organizaciones delictivas han impuesto esquemas de extorsión a productores mediante cobros de piso, amenazas y control territorial. La cadena productiva, desde el campo hasta la exportación, quedó expuesta a una presión que ahora también afecta la relación comercial con Washington.
El detonante inmediato fue la captura de Alfonso “N”, alias “La Quiringua” o “Poncho”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes y considerado objetivo prioritario por autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.
Tras su detención, grupos criminales generaron bloqueos y episodios de violencia en municipios productores como Los Reyes y Peribán. Ante ese escenario, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) decidió retirar temporalmente a sus inspectores por razones de seguridad, una medida que paralizó el proceso de certificación necesario para exportar aguacate.
El mensaje de Washington fue claro: la relación comercial no puede separarse de la seguridad. Para Estados Unidos, cualquier amenaza contra sus funcionarios en territorio mexicano representa una señal de riesgo que obliga a detener operaciones hasta que existan garantías. Esta no es la primera ocasión que ocurre. En 2022 y 2024 ya se habían registrado suspensiones similares, lo que demuestra que el problema no es coyuntural, sino estructural.
La presión estadounidense llega además en un momento en que la administración de Sheinbaum enfrenta el reto de corregir algunos de los pendientes heredados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en materia de seguridad y control territorial. La estrategia de privilegiar una política de contención del crimen sin confrontación directa dejó regiones donde grupos delictivos ampliaron su capacidad de operación y penetración económica.
Ahora el nuevo gobierno busca enviar una señal distinta: recuperar el control institucional en zonas productivas y evitar que la seguridad interna se convierta en una barrera comercial. El desafío no es menor. Más de 40 mil productores dependen de esta industria y cerca de 200 mil empleos directos e indirectos están vinculados a la cadena aguacatera. México abastece aproximadamente el 80 por ciento del aguacate que consume Estados Unidos, por lo que una interrupción prolongada tendría consecuencias económicas para ambos países.
Uno de los objetivos planteados por el gobierno mexicano es fortalecer las capacidades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para que en el futuro las inspecciones puedan depender menos de la presencia de funcionarios estadounidenses en territorio mexicano. Sin embargo, el fondo del problema seguirá siendo la seguridad. La certificación sanitaria puede resolverse con acuerdos diplomáticos; recuperar la confianza de los mercados requiere demostrar que el Estado tiene capacidad para proteger a productores, trabajadores y cadenas estratégicas de exportación.
El caso del aguacate es, en realidad, un nuevo capítulo de una vieja discusión: México no sólo enfrenta el desafío de producir y exportar más, sino el de garantizar que sus industrias más exitosas no terminen financiando indirectamente a los grupos criminales que buscan controlarlas.
@JErnestoMadrid
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