Fotografía: Redacción CIgdl.
• La falta de capacidad eléctrica, la dependencia del gas estadounidense, el deterioro financiero de Pemex y la incertidumbre regulatoria amenazan con convertirse en el principal obstáculo para atraer inversión productiva a México. Expertos advierten que la soberanía energética heredada del sexenio anterior dejó un sistema rezagado que ahora exige miles de millones de dólares en inversión.
Durante años el discurso oficial sostuvo que la soberanía energética consistía en devolver al Estado el control absoluto del sector. Hoy, la realidad obliga a reconocer una paradoja: México quiere convertirse en la plataforma manufacturera más importante de Norteamérica, pero enfrenta un problema elemental: no tiene suficiente energía para sostener ese crecimiento.
Los datos comienzan a encender focos amarillos. Un análisis de Estudios Económicos de Banamex advierte que la creciente brecha entre la demanda de electricidad y la capacidad efectiva del Sistema Eléctrico Nacional amenaza con convertirse en el principal cuello de botella para la inversión productiva. No se trata únicamente de generar más electricidad, sino de contar con redes de transmisión, distribución, almacenamiento y sistemas modernos capaces de llevar esa energía a las industrias que hoy buscan instalarse en México.
El problema no es menor. Mientras el consumo eléctrico creció a una tasa promedio anual de 3.1 por ciento entre 2010 y 2024, la economía apenas avanzó 1.7 por ciento. Es decir, la demanda de electricidad ya crece casi al doble del PIB y continuará acelerándose conforme avancen el nearshoring, la expansión manufacturera y la digitalización.
El propio Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039 reconoce que el consumo aumentará cerca de 45 por ciento hacia 2039, mientras la demanda máxima crecerá más de 50 por ciento. Sin embargo, la infraestructura eléctrica no avanza al mismo ritmo.
Aquí aparece la primera herencia del modelo energético del sexenio anterior. La apuesta por fortalecer a CFE y Pemex, limitando durante varios años la inversión privada bajo el argumento de la soberanía energética, terminó retrasando proyectos de generación, transmisión e interconexión indispensables para acompañar el crecimiento industrial.
Hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una realidad distinta. Necesita atraer capital privado para financiar miles de millones de dólares en infraestructura eléctrica, pero al mismo tiempo mantiene un modelo donde la rectoría del Estado, la prevalencia de CFE, los permisos, la regulación secundaria aún incompleta y la incertidumbre institucional siguen elevando el riesgo para los inversionistas.
Banamex identifica precisamente ese punto como el principal desafío. No basta con anunciar nuevas centrales eléctricas. La inversión dependerá de que existan reglas claras, certeza jurídica, rapidez en permisos, capacidad de interconexión y seguridad de que los proyectos podrán desarrollarse sin cambios regulatorios de última hora.
La electricidad comienza a ser un factor de competitividad. Si una empresa no tiene garantizado el suministro energético, simplemente buscará instalarse en otro país. A esa presión se suma otro problema estructural. Mientras esta semana el gobierno abrió el debate científico sobre la posible explotación de gas natural en yacimientos no convencionales mediante fracking, el propio comité de especialistas reconoció una realidad incómoda: México no alcanzará la soberanía energética únicamente con gas convencional.
Actualmente el país consume alrededor de 9.1 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales 75 por ciento proviene de Estados Unidos.
Es decir, la autosuficiencia energética sigue siendo, por ahora, una aspiración más política que técnica.
Los científicos recomendaron evaluar el desarrollo de gas no convencional en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, mientras propusieron prohibir esa actividad en la Cuenca Tampico-Misantla por los riesgos ambientales y sociales que implica. La discusión apenas comienza, pero confirma que el país deberá tomar decisiones complejas entre seguridad energética, inversión y protección ambiental.
Y mientras tanto, Pemex continúa perdiendo recursos por otro frente. De acuerdo con su más reciente reporte financiero, la empresa pierde 101 millones de pesos diarios por el robo de hidrocarburos. Entre abril y junio el huachicol provocó pérdidas superiores a 9 mil 180 millones de pesos, 20 por ciento más que un año antes, afectando no sólo sus finanzas sino también la recaudación fiscal y fortaleciendo un mercado ilegal que, según especialistas, opera con la participación de redes criminales y posibles actos de corrupción dentro de la propia cadena logística.
Todo ocurre mientras Pemex enfrenta elevados niveles de endeudamiento y CFE necesita ampliar su capacidad de generación, transmisión y distribución para evitar que la electricidad se convierta en el principal obstáculo para nuevas inversiones.
La pregunta ya no es si México necesita más energía. La pregunta es quién financiará esa infraestructura porque difícilmente podrán hacerlo solos Pemex y CFE y el nuevo gobierno parece haber entendido esa realidad al abrir nuevamente espacios para la inversión privada. Sin embargo, el éxito dependerá de ofrecer algo que el sector energético perdió durante varios años: certeza jurídica, reglas estables y confianza para el capital.
Porque la mayor amenaza para el nearshoring ya no son los aranceles, ni la competencia internacional. Es que una empresa decida no invertir en México simplemente porque no hay suficiente electricidad para operar.
@JErnestoMadrid
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