Fotografía: Redacción CIgdl.
• Mientras la Fiscalía detiene a Ernesto Ruffo, crecen las revelaciones sobre Marina del Pilar, persisten las dudas por el caso de “El Mayo” Zambada y Estados Unidos amplía su ofensiva contra los cárteles, el gobierno mexicano enfrenta una presión política y diplomática que ya no controla.
Durante un año, el gobierno mexicano intentó convencer de que el verdadero conflicto con Estados Unidos era la presunta violación de la soberanía por la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada. Sin embargo, los hechos de las últimas semanas muestran otra realidad. Mientras en México se discutía cómo llegó “El Mayo” a territorio estadounidense, Washington construía una estrategia mucho más amplia.
Primero fueron las investigaciones financieras. Después las sanciones del Departamento del Tesoro. Más tarde las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, quien aseguró que existe una relación estructural entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos en México, una “conexión mortal” al grado de afirmar que ambas estructuras se volvieron prácticamente inseparables.
Luego vino la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras. Y finalmente el mensaje del embajador Ronald Johnson, quizá el más contundente hasta ahora: “No sólo rendirán cuentas los cárteles; también cualquiera que los financie, apoye o colabore con ellos.” La diferencia parece sutil. No lo es. Estados Unidos ya no habla únicamente de narcotraficantes. Ahora habla de redes. Mientras tanto, el gobierno mexicano responde defendiendo su narrativa.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza las declaraciones de la DEA; la Fiscalía reconoce que identificó plenamente a “El Jando”, el piloto que trasladó a “El Mayo”, casi diez meses después de haberlo entregado a Estados Unidos; y la discusión pública se dispersa entre la captura del exgobernador Ernesto Ruffo, los audios de Marina del Pilar difundidos por Héctor de Mauleón y las explicaciones oficiales sobre cada nueva crisis.
Cada episodio parece apagar el anterior. Pero en Washington ocurre exactamente lo contrario. Cada expediente fortalece el siguiente. Existe otro dato que ayuda a entender el momento.
El entonces embajador Ken Salazar reveló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba preocupado por lo que pudiera declarar “El Mayo” Zambada. Salazar fue claro al precisar que no tenía pruebas para afirmar una colusión del exmandatario con el crimen organizado. Sin embargo, esa declaración adquirió una nueva dimensión conforme avanzaron los acontecimientos.
Porque Estados Unidos nunca dejó de ampliar sus investigaciones. El proceso contra “El Mayo”, quien enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense, dejó de ser únicamente el juicio contra uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Hoy parece formar parte de una investigación mucho mayor.
La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, también se inserta en ese contexto. La Fiscalía General de la República lo acusa de presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal derivados de investigaciones sobre una empresa de la que es socio. Será un juez quien determine la responsabilidad del primer gobernador de oposición en la historia moderna del país.
Sin embargo, políticamente el caso adquirió otra dimensión cuando el partido Somos México, encabezado por el exdirigente perredista Guadalupe Acosta Naranjo, calificó la captura como una “cortina de humo”. La organización sostiene que Ruffo ya había comparecido ante las autoridades y explicado públicamente que la empresa involucrada opera con autorizaciones de la Agencia Nacional de Aduanas, del SAT y de la Secretaría de Energía, además de afirmar que el verdadero responsable de supervisar las importaciones de combustible es la propia autoridad aduanera. Según esa fuerza política, la detención coincide con el escándalo derivado de los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, difundidos por el periodista Héctor de Mauleón, en los que presuntamente busca gestionar, mediante intermediarios, un acercamiento con autoridades estadounidenses tras la cancelación de su visa.
La DEA endurece su discurso. El Departamento del Tesoro amplía sanciones. El Departamento de Estado incorpora más organizaciones terroristas. El FBI aparece mencionado en conversaciones atribuidas a una gobernadora en funciones. Y la Fiscalía mexicana acumula contradicciones en uno de los casos más sensibles de los últimos años.
Por separado pueden parecer hechos inconexos. Juntos muestran algo distinto. La agenda ya no la controla Palacio Nacional. La está marcando Washington. Y esa quizá sea la mayor preocupación para el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Porque el debate dejó de ser sobre cómo salió “El Mayo” de México. Ahora la pregunta parece mucho más incómoda: ¿Hasta dónde piensan llegar las investigaciones estadounidenses?
@JErnestoMadrid
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