Fotografía: Redacción CIgdl.
• La ofensiva de la FGR contra el exembajador estadounidense coincide con la reserva de las investigaciones sobre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Mientras el Gobierno centra el debate en la presunta participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, las pesquisas sobre los funcionarios mexicanos señalados desde Estados Unidos permanecen fuera del escrutinio público.
La narrativa oficial sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada dio un giro en cuestión de días. El centro del debate dejó de ser el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y pasó a concentrarse en el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien la Fiscalía General de la República acusa de haber faltado a la verdad al negar la participación de agencias estadounidenses en la captura y traslado del capo sinaloense.
El cambio de enfoque ocurre al mismo tiempo que la propia Fiscalía resolvió mantener bajo reserva hasta 2031 el interrogatorio practicado a Rocha Moya dentro de la carpeta de investigación abierta tras los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
La contradicción es evidente.
Mientras la FGR sostiene públicamente que Ken Salazar violó el principio de buena fe previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y califica sus declaraciones como “falsas de toda falsedad”, al mismo tiempo argumenta que las diligencias relacionadas con Rocha Moya no pueden conocerse porque revelarían las líneas de investigación y podrían afectar una eventual acción penal.
La fiscal Ernestina Godoy informó que existen siete carpetas de investigación derivadas del secuestro y traslado de “El Mayo” y advirtió que, de confirmarse la participación del FBI, se estaría frente a violaciones al derecho internacional, un pacto al margen de la ley y una actuación irregular del entonces embajador estadounidense.
Sin embargo, el fiscal de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez, reconoció que Ken Salazar no puede ser procesado penalmente en México al haber actuado bajo la inmunidad diplomática que le otorgaba su cargo. Es decir, el reproche jurídico existe, pero las consecuencias penales son prácticamente inexistentes.
Al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores transparentar parte de las comunicaciones entre México y Estados Unidos relacionadas con Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez. No obstante, las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales continuarán clasificadas por su naturaleza reservada.
Se transparenta una parte de la información, mientras permanece cerrada la relacionada directamente con las investigaciones penales. El contraste también alcanza la relación política con Ken Salazar. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el entonces embajador fue uno de los diplomáticos con mayor acceso a Palacio Nacional. Hoy, la misma administración que antes lo respaldaba lo señala como responsable de haber ocultado la participación estadounidense en la captura de “El Mayo”.
Pero la historia volvió a dar otro giro. Tras las declaraciones de la presidenta y de la FGR, Ken Salazar respondió públicamente en sus redes sociales y sostuvo que mantiene exactamente la misma versión que presentó el 25 de julio de 2024, cuando anunció junto con el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, la captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López. “No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”, afirmó el exembajador, insistiendo en que la detención fue resultado de una confrontación entre integrantes del propio Cártel de Sinaloa y no de una operación organizada por agencias estadounidenses.
Con ello, Salazar contradice directamente la línea de investigación que hoy sostiene la Fiscalía mexicana, que considera posible la participación de autoridades estadounidenses y afirma que las declaraciones del exdiplomático fueron falsas.
Mientras tanto, el expediente que más interesa a las autoridades estadounidenses continúa avanzando fuera de México.
Diversos reportes periodísticos señalan que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene abiertas investigaciones sobre presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con organizaciones criminales. Hasta ahora no existen acusaciones penales públicas contra Rocha Moya ante un tribunal, pero tampoco se ha informado que esas investigaciones hayan sido cerradas.
Así, el debate público parece haberse desplazado. La discusión política gira alrededor de si Ken Salazar mintió o no sobre la captura de “El Mayo”. En contraste, el interrogatorio de Rocha Moya permanece reservado hasta 2031, las investigaciones estadounidenses siguen abiertas y las preguntas sobre los presuntos vínculos entre autoridades locales y organizaciones criminales continúan sin respuesta pública.
El resultado es una doble narrativa: una investigación ampliamente difundida sobre la actuación de un exembajador que ya no tiene funciones diplomáticas y otra que permanece bajo reserva respecto de funcionarios mexicanos cuyo papel sigue siendo objeto de investigación.
@JErnestoMadrid
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