Fotografía: Redacción CIgdl.
• Mientras el gobierno presume operativos y detenciones, en comunidades enteras el crimen ya cobra impuestos, decide quién gobierna y parece seleccionar —también— a quién se investiga.
La pregunta dejó de ser una simple consigna política para convertirse en una preocupación cada vez más visible frente al avance del crimen organizado y las recientes detenciones de alcaldes y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con grupos delictivos.
La llamada Operación Enjambre colocó bajo la mira a personajes políticos ligados a fuerzas opositoras. Las capturas de Agustín Toledo Amaro, alcalde de Atlatlahucan, y del exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, además de la búsqueda del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, reflejan un escenario donde la frontera entre autoridad y crimen parece cada vez más difusa.
Las investigaciones apuntan no solo a presuntos nexos con organizaciones criminales, sino también a posibles esquemas de extorsión, cobro de piso y control territorial operados desde estructuras municipales.
Sin embargo, conforme avanzaron las detenciones, surgió otra pregunta inevitable: ¿la justicia está actuando de manera pareja o solamente está escogiendo objetivos políticos?
Mientras algunos alcaldes son exhibidos públicamente y perseguidos judicialmente, otros nombres señalados desde hace años permanecen fuera del radar oficial. Uno de ellos es Raúl Tadeo Nava, exalcalde de Cuautla y operador político de Morena en la región oriente. Su nombre apareció ligado a reuniones donde presuntamente participaron personajes vinculados al crimen organizado. Aun así, el tema nunca avanzó más allá de filtraciones y señalamientos públicos.
Algo similar ocurre con Rafael Reyes Reyes, actual coordinador de diputados de Morena en el Congreso local. Durante su administración en Jiutepec surgieron mantas y acusaciones relacionadas con presuntos nexos criminales, pero en medio del discurso oficial de combate a la corrupción y a la delincuencia, su nombre parece haberse diluido de cualquier investigación relevante.
La lista inevitablemente alcanza al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, cuya administración dejó a Morelos inmerso en una de las peores crisis de inseguridad de los últimos años. Hoy, mientras alcaldes son perseguidos y exfuncionarios detenidos, alrededor de él predominan los silencios políticos.
En medio de este contexto, las declaraciones del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, encendieron una alerta todavía más delicada: la expansión silenciosa del crimen organizado sobre comunidades enteras.
En Huautla, comunidad de Tlaquiltenango, familias pagan cuotas mensuales para evitar represalias y conservar tranquilidad dentro de sus propias viviendas. Lo más alarmante es que los cobros serían realizados por dos grupos distintos: La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), convirtiendo a la población en fuente permanente de financiamiento criminal.
Morelos empieza así a mostrar síntomas de algo más profundo que una crisis de seguridad. El crimen ya no solo disputa territorios: comienza a intervenir en la economía local, en la vida cotidiana y, cada vez más, en la dinámica política.
Los datos reflejan la gravedad del escenario. La entidad permanece entre los primeros lugares nacionales en delitos de alto impacto. Cuautla registra una de las mayores tasas de extorsión del país, mientras que Morelos mantiene niveles críticos de feminicidios y una percepción de inseguridad superior al 90 por ciento.
Lo que ocurre en la entidad recuerda peligrosamente a estados donde el crimen dejó de infiltrarse en la política para comenzar a coexistir cómodamente con ella. Sinaloa mostró hace tiempo cómo la línea entre autoridad y delincuencia puede volverse borrosa cuando las organizaciones criminales adquieren control territorial y capacidad política.
Por eso la pregunta ya no es solamente si existen políticos vinculados al crimen organizado. La verdadera interrogante es quién decide a cuáles sí se les aplica la ley y a cuáles se les administra silencio.
Porque cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia. Y cuando el crimen cobra impuestos mientras el Estado administra discursos, el problema deja de ser únicamente de seguridad pública: se convierte en una crisis de gobernabilidad.
@JErnestoMadrid
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