Fotografía: Redacción CIgdl.
• Mientras el gobierno defiende que la reforma busca acabar con privilegios y devolver recursos a la ciudadanía, críticos advierten que la iniciativa podría concentrar poder político y abrir la puerta a un nuevo esquema de dominancia partidista, en un sistema donde los mismos legisladores plurinominales llevan décadas viviendo del Congreso.
Tras el revés legislativo que frenó su reforma electoral constitucional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de un “plan B” electoral, una estrategia que pretende impulsar cambios que no requieren mayoría calificada y que podrían aprobarse con mayoría simple.
La narrativa oficial insiste en que se trata de una reforma “en voz del pueblo”, orientada a reducir privilegios políticos, recortar gastos en el sistema electoral y fortalecer mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, la propuesta ya abrió un debate más profundo: ¿es un ajuste administrativo al sistema electoral o el inicio de un rediseño político que podría derivar en un nuevo partido hegemónico?
La discusión revive inevitablemente una referencia histórica: la caracterización que hizo el escritor peruano Mario Vargas Llosa cuando describió al viejo sistema político dominado por el Partido Revolucionario Institucional como “la dictadura perfecta”, un régimen que durante décadas mantuvo elecciones, pero con una estructura política que aseguraba su predominio.
De acuerdo con el anuncio presidencial, el nuevo paquete de reformas se concentrará en tres ejes:
- Reducción de privilegios en congresos locales.
- Disminución del número de regidores en algunos municipios.
- Fortalecimiento de la consulta popular en niveles estatal y municipal.
Entre las medidas planteadas se incluye la posibilidad de someter a consulta ciudadana temas electorales, como el presupuesto destinado a los partidos políticos o el funcionamiento de los organismos electorales.
La presidenta también planteó flexibilizar la revocación de mandato, permitiendo que la persona titular del Ejecutivo decida si el ejercicio se realiza en el tercer o cuarto año de gobierno.
El argumento central del gobierno es económico: reducir los costos del sistema electoral y canalizar recursos hacia servicios públicos en municipios y estados.
La crítica presidencial se ha dirigido particularmente al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales (OPLES), señalando duplicidades y salarios elevados de consejeros.
El gobierno respalda su narrativa con datos de opinión pública.
Una encuesta de la consultora Enkoll realizada en marzo de 2026 muestra un alto nivel de respaldo ciudadano a las propuestas de reforma electoral, particularmente en lo relacionado con la reducción del financiamiento a partidos políticos.
En un país donde el descontento con la clase política ha sido recurrente, el argumento de “recortar privilegios” tiene una resonancia evidente.
Sin embargo, la oposición y diversos analistas sostienen que el problema no es el ahorro presupuestal, sino las implicaciones institucionales de los cambios.
Las principales críticas apuntan a tres riesgos:
• Debilitamiento de contrapesos electorales.
• Reducción de la representación de minorías.
• Concentración de poder en el partido mayoritario.
Incluso aliados legislativos como el Partido del Trabajo han expresado reservas sobre algunos aspectos del rediseño institucional.
Para los críticos, la reforma podría abrir la puerta a un modelo de predominancia partidista, similar al sistema que dominó la política mexicana durante gran parte del siglo XX.
Pero hay un punto en el que prácticamente todos coinciden: la figura del legislador plurinominal se ha convertido en una ruta de permanencia política sin pasar por el voto directo.
Durante décadas, esta vía ha permitido que figuras políticas acumulen largos periodos en el Congreso.
Entre los casos más notorios destacan:
• Alberto Anaya Gutiérrez, fundador del Partido del Trabajo, con más de tres décadas en el Congreso sin competir en una elección directa.
• Ricardo Monreal, con cerca de dos décadas como legislador de representación proporcional en distintos partidos.
• Manuel Velasco Coello, con más de una década en posiciones legislativas plurinominales.
• Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI y también recurrente beneficiario de esta vía legislativa.
El diseño del Congreso mexicano explica este fenómeno: en la Cámara de Diputados de México, 200 de los 500 diputados son plurinominales, mientras que en el Senado de la República de México 32 de los 128 senadores acceden por esa misma vía.
Aunque el modelo fue concebido originalmente para garantizar la representación de minorías políticas, en la práctica también ha permitido la construcción de carreras parlamentarias prolongadas dentro de las élites partidistas.
El debate sobre la reforma electoral se mueve, por tanto, entre dos narrativas opuestas.
Por un lado, el gobierno sostiene que el objetivo es terminar con los privilegios del sistema político y devolver recursos al ciudadano.
Por el otro, los críticos advierten que reducir estructuras institucionales sin rediseñar los contrapesos podría favorecer una concentración de poder político.
Lo que resulta difícil de discutir es otro hecho: los mismos nombres siguen apareciendo en las listas legislativas desde hace décadas, independientemente de las reformas o los discursos de renovación.
Si el nuevo plan electoral realmente busca devolver el poder al ciudadano, la pregunta que inevitablemente surge es si también logrará terminar con la vieja práctica de vivir de la política sin pasar por las urnas.
O si, como en otros momentos de la historia mexicana, las reformas terminarán ajustando el sistema sin alterar a quienes lo controlan.
@JErnestoMadrid
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