• El alza del petróleo por la guerra en Medio Oriente abre la puerta a ingresos extraordinarios para México, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta el viejo dilema: usar estímulos fiscales para contener el precio de la gasolina o preservar la renta petrolera. Especialistas advierten que el subsidio podría devorar el beneficio.
La guerra en Medio Oriente volvió a colocar a México frente a una ecuación incómoda: petróleo caro significa más ingresos para el gobierno, pero también presión política para evitar que suba la gasolina.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su administración analiza medidas para evitar un aumento en el precio del combustible, incluida la posible reactivación del estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mecanismo que reduce el impuesto cuando el costo internacional del crudo se dispara.
“Si aumenta el precio de la gasolina por la producción o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente la gasolina en nuestro país. Si es necesario vamos a ocupar este mecanismo”, explicó la mandataria tras anunciar que revisó el tema con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El problema es que ese alivio al consumidor tiene un costo fiscal enorme.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el aumento del petróleo por el conflicto internacional podría generar hasta 406 mil millones de pesos adicionales en ingresos petroleros si la mezcla mexicana promedia 90 dólares por barril en 2026.
Pero esa ganancia puede evaporarse.
La experiencia reciente lo demuestra: en 2022, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplicó estímulos masivos para frenar el precio de las gasolinas tras la Invasión rusa de Ucrania, el costo fiscal alcanzó 395.4 mil millones de pesos, prácticamente el mismo monto que el país obtuvo por ingresos petroleros adicionales ese año.
En otras palabras: lo que el petróleo dio, el subsidio lo borró.
El mercado energético vuelve a tensionarse. Los precios del crudo superaron los 100 dólares por barril tras la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, mientras la mezcla mexicana alcanzó 83.64 dólares, su nivel más alto en más de dos años.
Para dimensionar el impacto, basta un dato del Instituto Mexicano para la Competitividad: cada dólar adicional en el precio del petróleo genera alrededor de 11.6 mil millones de pesos extra en ingresos públicos.
Sin embargo, el gobierno también enfrenta el frente político. El precio de la gasolina sigue siendo uno de los termómetros sociales más sensibles.
Por eso, además de evaluar el estímulo fiscal, la presidenta adelantó que su administración renovará esta semana, el acuerdo con empresarios gasolineros para mantener la gasolina magna por debajo de 24 pesos por litro.
El margen técnico para aplicar el subsidio todavía existe. Según el analista energético Ramsés Pech, el estímulo total solo se justificaría si el petróleo sube aún más: el WTI por encima de 125 dólares y el Brent por arriba de 135.
Mientras ese umbral no llegue, el gobierno tiene tiempo para decidir.
Pero la pregunta de fondo permanece: si el petróleo vuelve a enriquecer las finanzas públicas, ¿el gobierno dejará que esos recursos lleguen al erario o los gastará otra vez en mantener barata la gasolina?
Porque en política energética mexicana cada litro subsidiado suele terminar pagándose en las cuentas públicas.
@JErnestoMadrid
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